Un contrato con un cliente es una declaración de futuro. Aunque se suelen cobrar adelantos, la empresa no recibe el precio íntegro por sus bienes o servicios hasta que no los entrega en mano y termina la obra. Sin embargo, hasta que eso se produce necesita liquidez para poder funcionar. Hay que pagar sueldos, proveedores, gastos. El adelanto de facturas es una vía para obtener esos fondos que se precisan.
La empresa española se ha tenido que inventar nuevos sistemas de financiación. Hace 10 años la economía del país giraba en torno a la construcción. Un sector, que en su día fue muy rentable, pero cuyo beneficio no se materializaba hasta finalización y venta del inmueble.
En la construcción de un bloque de pisos no participaba solo una empresa constructora. Intervenían fontaneros, electricistas, pintores, carpinteros de aluminio, empresas de transporte y proveedores de materiales de construcción. El promotor de la obra delegaba distintas funciones en otras empresas subcontratadas.
Hasta que no se vendían todos los pisos, el promotor no disponía del beneficio íntegro de la obra. Se podían intentar vender los pisos sobre plano, a un precio más reducido, para intentar ganar tiempo. Aun así, la operación se demoraba meses, si no años.
Para poder funcionar, se recurría a las líneas de crédito bancarias. La constructora entregaba al banco una memoria del proyecto con el precio estimado de venta de la construcción, con ello recibía una serie de préstamos con los que podía pagar los sueldos de sus empleados, los impuestos y a los proveedores y empresas subcontratadas. Las otras empresas entregaban a los bancos los contratos de sus encargos y con ello obtenían financiación.
El final de esta historia todos la conocemos. A raíz de la crisis financiera y de la explosión de la burbuja inmobiliaria, los bancos cerraron el grifo y dejaron de conceder crédito a las empresas. La actividad económica dependía, en gran medida, de la financiación bancaria.
Por falta de crédito, las empresas dejaron de pagar a las compañías proveedoras. Aquello fue como un juego de dominó en el que una ficha iba tirando a la otra. Las repercusiones de la crisis sobrepasaron el sector de la construcción, toda la economía estaba inter-conectada. Aunque hubiera un volumen de negocio de miles de millones de euros, la economía se desplomó y miles de empresas tuvieron que cerrar.
De aquel episodio reciente de nuestra historia hay dos conclusiones valiosas a tener en cuenta. La primera es el peligro de depender de un solo sector productivo; y la segunda, tener una única fuente de financiación. Findago, una sociedad mercantil especializada en la financiación de empresas, insiste en lo importante que es contar con medios de financiación complementarios a la financiación que ofrecen los bancos.
Obra pública.
Las administraciones públicas (el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los ayuntamientos) son algunos de los mejores clientes que puede tener una empresa. Funcionan como dinamizadores de la economía, pues como indica la web economía.org, se encargan de la creación y gestión de todos los elementos para mejorar, ordenar y equilibrar el espacio que puede ser utilizado por todos los habitantes de una sociedad. El Estado puede plantearse obras y servicios de interés público que la iniciativa privada no abordaría a no ser que fueran muy lucrativas.
Trabajar para la administración es una garantía de cobro, pero no de inmediatez. El tiempo medio de cobro en España de los trabajos realizados para una administración está cifrado en 60 días desde la finalización de la obra o servicio.
La gestión de estas obras atraviesa un complejo entramado burocrático que no deja de despertar sospechas; aun así, es tal el volumen de trabajo que ofrecen y la seriedad en el pago que sigue atrayendo a muchas empresas.
Hasta bien entrado el siglo XX, era el propio estado el que contrataba a los técnicos y los trabajadores y acometía las obras. Con el avance del capitalismo, la gran mayoría de los servicios y obras públicas tienden a externalizarse.
La administración encargada de prestar un servicio o de acometer unas obras, por ejemplo de infraestructura, hace público un concurso en el que pueden participar las empresas privadas para realizarlo. Siguiendo unos criterios preestablecidos, cada empresa entrega la documentación en la que demuestra que podrá desempeñar esa actividad, cómo la va a realizar y el precio que cobra por sus servicios. La administración valora las propuestas de los participantes y selecciona a una empresa para acometer la tarea. El trabajo de selección puede durar varios meses.
La administración firma un contrato con la empresa privada en la que estipula las condiciones del servicio y la forma de pago. Para poder cobrar, la empresa debe remitir las facturas al organismo público correspondiente. Este las estudia, las pasa al departamento de tesorería, autoriza el pago y finalmente se realiza la transferencia bancaria. En todo este proceso transcurre entre uno y dos meses.
Problemas de liquidez.
Uno de los problemas que atraviesan las empresas a lo largo de su vida es la falta de liquidez. Según El Economista, un 26% de las pequeñas y medianas empresas españolas se encuentran en esta situación.
La liquidez hace referencia a la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. No indica que la empresa sea improductiva o que no sea rentable, sino que no dispone de los medios suficientes o no tiene la habilidad de convertir una parte de sus activos en dinero contante y sonante para hacer frente a los gastos. Puede tener trabajo contratado para los próximos 2 o 3 años, pero presenta dificultades para pagar los impuestos trimestrales.
Este problema puede convertirse en una soga que poco a poco vaya asfixiando a las empresas hasta volverlas inoperativas. Las deudas, por pequeñas que sean, se van acumulando y van sumando recargos e intereses. Aunque exista la posibilidad de recibir un pago importante a medio plazo, no vale la pena postergar los pagos inmediatos.
Hace un año, en un informe presentado por el Banco de España, el 8% de las PYMES presentaban impagos ante la Seguridad Social y Hacienda, un 14% tenía problemas para pagar los alquileres, un 27% de los negocios tenían clientes morosos, un 13% presentaba deudas con sus acreedores y un 10% tenía mora con las entidades financieras.
Una situación preocupante que arrastra el impacto económico del parón de la actividad que supuso la pandemia del COVID-19, y del que las empresas no se han terminado de recuperar, unido a la crisis de desabastecimiento y de inflación relacionada con la guerra de Ucrania.
La liquidez de las empresas, en este caso, está originada por el descenso de las ventas, el aumento de los precios y la disminución de la entrada efectiva de dinero. No por una destrucción del tejido productivo, ni por el cese de la actividad, como se produjo en el 2008.
Anticipo de facturas.
Para hacer frente a esta situación, no hacen falta grandes préstamos para acometer un nuevo proyecto o salvar el que se tiene, basta con una entrada de efectivo suficiente para realizar los pagos más urgentes. En este sentido, el anticipo de facturas es un medio muy útil.
Algunas entidades financieras adelantan el dinero íntegro, o una parte del mismo, de facturas emitidas. Aunque estas se deban cobrar pasados 60, 90 o 120 días. Todo ello a cambio de una pequeña comisión. Es como disponer de inmediato de un dinero que se terminará cobrando pasado unos meses.
De una forma rápida, la empresa envía una copia de la factura a la financiera. Esta evalúa al cliente pagador y analiza la viabilidad de la operación. Es independiente a la situación financiera que tenga la empresa que ha solicitado el anticipo respecto a los bancos. La misma factura es un documento que acredita que se efectuará una entrada de dinero.
Con ese dinero se pueden pagar nóminas, impuestos o recibos pendientes de los proveedores, sin estar pendientes de cuando el cliente efectúa el pago.
Es independiente del CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España), una base de datos que contiene los préstamos, créditos y avales de las personas físicas y jurídicas, y que consultan los bancos para evaluar posibles riesgos, antes de conceder un préstamo.
Otros mecanismos que conceden algunas entidades financieras, similares al anticipo de facturas, son el descuento de pagarés, el anticipo de contratos o la financiación confirming.
Mientras el descuento de pagarés y el anticipo de contratos funciona de la misma manera que el anticipo de facturas, basta con entregar una copia del documento y solicitar un adelanto del importe; en el confirming, la financiera realiza una negociación con el proveedor intentando obtener mejores condiciones por pronto pago. Adelanta el pago de los recibos que debería abonar el cliente y se lo cobra por cómodas cuotas, más fáciles de pagar.
La falta de liquidez es un problema frecuente en las empresas. En muchas ocasiones no cobran sus servicios inmediatamente; sin embargo, deben hacer frente a una serie de pagos para seguir produciendo. El anticipo de facturas es un instrumento para resolver esta situación.
