Los autónomos y las Pymes no son conscientes de lo importante que es un abogado hasta que realmente lo necesitan. Entonces, a veces, es demasiado tarde. Los problemas y los conflictos se vienen encima y queda poco tiempo para reaccionar.
Una de las dinámicas habituales dentro de los negocios es contratar una asesoría jurídica. Un despacho que le ayudará a llevar los temas fiscales, los pagos a la seguridad social, los contratos de trabajo, etc. Algunas de estas asesorías están dirigidas por abogados, pero otras, en cambio, las gestionan graduados sociales o economistas. El tema de la asistencia legal, de la posible necesidad de utilizar un abogado, solo se contempla cuando aparecen los conflictos.
Esto pasa en las pequeñas empresas, pero no así en las grandes, las cuales suelen tener abogados en plantilla, conformando un departamento jurídico, o en el peor de los casos, tienen contratado un bufete particular. Digamos que, en este aspecto, las grandes empresas están mejor preparadas que las pequeñas.
La figura del abogado ya existía en la Antigua Roma. El derecho romano es la génesis de los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Sin embargo, es la revolución industrial el periodo de la historia en el que el papel de estos profesionales se redimensiona. Con el desarrollo de la industria y del comercio internacional, los burgueses, dueños de los negocios, necesitan disponer de abogados para hacer cumplir las cláusulas de sus contratos. Esta pasa a ser su tarea principal.
Ha pasado el tiempo, pero en esencia, las cosas no han cambiado demasiado. Una parte importante del trabajo que le entra a un bufete de abogados proviene de las empresas. Veamos un poco mejor la relación que los abogados mantienen con ellas.
Juicios en los que se ven envueltas las empresas.
Quizás la imagen más habitual que tenemos de un abogado es su participación en un juicio. La actividad de cualquier empresa tiene una dimensión económica y social que afecta diferentes ámbitos de la sociedad. Por lo que no es extraño que se puedan ver inmersas en conflictos y controversias de distinto tipo. Estos son los juicios en los que más se suelen ver envueltas las empresas y donde el papel del abogado es indispensable.
- Juicios laborales. Varias fuentes que hemos consultado señalan que los juicios laborales son los más numerosos que afectan a las empresas. El periódico Cinco Días señala que estos pleitos suponen un gasto importante. Durante el año pasado se tramitaron 356.427 demandas laborales en los juzgados de lo social. Según este periódico, 8 de cada 10 sentencias de despido favorecieron al trabajador, representando una indemnización media por despido de 13.672 €. Los despidos son solo una parte de los juicios laborales. El acoso laboral, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, el incumplimiento de las normas de los convenios colectivos, son otros de los riesgos a los que debe hacer frente una empresa.
- Juicios mercantiles. Este es un tipo de juicio civil que con frecuencia también afecta a las empresas. Suelen versar sobre disputas contractuales, impagos, incumplimientos de acuerdos comerciales, competencia desleal, etc. El último recurso para resolver estos conflictos es iniciar un pleito civil, antes se puede intentar solucionar por negociación y mediación entre las partes. Bien, gestionado por los afectados o bien recurriendo a algún órgano de arbitraje institucional. De todos modos, en todo este proceso negociador, el trabajo del abogado es clave para defender los derechos de su representado.
- Juicios fiscales. Recurrir multas, sanciones o impuestos cobrados injustamente es otro de los tipos de juicio que habitualmente enfrentan las empresas. En este caso se trata de un proceso contencioso-administrativo que se realiza contra algún órgano del Estado o de las Administraciones Públicas. El abogado que lleve el caso debe ser conocedor del derecho fiscal y del procedimiento contencioso, que tiene sus peculiaridades con respecto a un juicio civil normal.
- Juicios civiles. De los juicios civiles, los más habituales son los que afectan a la responsabilidad civil. Es decir, a daños y perjuicios causados a terceros derivados de la actividad de la empresa. Estos juicios se pueden plantear frente a un seguro o frente a particulares. Otros tipos de juicios de este tipo son los derivados por impagos o incumplimientos relacionados con proveedores o clientes.
- Juicios sobre propiedad intelectual. Estos juicios incluyen conflictos relacionados con marcas, patentes, derechos de autor o uso indebido de información comercial sensible.
Como vemos, los conflictos y juicios a los que puede enfrentarse una empresa son variados. Estos expertos abogados de divorcio en Santander que cuentan con más de 20 años de experiencia en la capital cántabra, nos recomiendan que para las empresas es adecuado trabajar con bufetes interdisciplinares. Tienen un conocimiento más profundo de la empresa y les permite abordar asuntos de cualquier índole.
Contratos de empresa que redactan los abogados.
El trabajo de un abogado con respecto a una empresa no se limita a la asistencia durante un juicio. El portal Autónomos y Emprendedores recomienda que el contrato de Prestación de Servicios de cualquier autónomo debería ser redactado por un abogado. Estamos hablando de un documento fundamental. En él se recoge cómo, cuanto y cuando se cobra el servicio. Es decir, la materialización económica del trabajo del autónomo y su principal fuente de ingresos. La relación de un autónomo con su cliente no está regulada por el derecho laboral, sino por el mercantil, por lo que su adecuación a la ley y la asistencia de un abogado es clave para que no se produzcan perjuicios ni daños para el autónomo.
Este no es el único contrato que requiere un negocio para desarrollar su actividad y que necesita ser redactado por un abogado. Estos son otros casos relevantes:
- Contrato de agencia. El agente es una figura intermediaria que actúa entre el comprador de un bien o servicio y el propietario, cerrando mediante su intermediación una operación comercial. El agente puede ser una empresa o un profesional liberal. Por lo general, por su trabajo, cobra una comisión que se descuenta de la venta. Este es un contrato propio del derecho mercantil. Las cláusulas del contrato deben regular todos los aspectos de esta relación.
- Contratos de colaboración. La simbiosis entre profesionales de un mismo sector o que realizan actividades complementarias es una práctica habitual en la economía moderna, sobre todo en entornos digitales. Para evitar posibles malentendidos, los usuarios de este tipo de relación recomiendan recoger los términos de la colaboración en un contrato redactado por un abogado. De esta manera se previenen posibles indefensiones.
- Contratos de franquicia. Las franquicias son un modelo de negocio en auge. Consiste en que cualquier empresa o autónomo puede utilizar la marca, los productos y los procedimientos de una empresa madre o franquiciadora, beneficiándose de esta manera de una imagen y de una clientela (comunidad) previamente trabajada. A cambio de ello, el franquiciado debe abonar una cantidad a la empresa franquiciadora. En ocasiones el contrato de franquicia incluye un contrato de suministro o de alquiler de instalaciones.
- Contrato de préstamo. Aunque la ley no obliga a formalizar el préstamo a una empresa dentro de un contrato, sí es recomendable que se recoja en un documento contractual. Este contrato también deberá ser redactado por un abogado.
Otros beneficios de trabajar con un abogado.
Trabajar con un abogado es enormemente beneficioso para cualquier empresa. Con independencia de su tamaño. Permite, entre otras cosas, practicar un asesoramiento jurídico preventivo. Por el cual, el abogado estudia los contratos, procedimientos de la empresa y propuestas de decisiones para valorar si se adecuan a la ley, evitando problemas legales antes de que ocurran. Esta forma de trabajar puede evitar costosas sanciones y litigios que la empresa podría afrontar en un futuro.
Otro aspecto importante de los abogados con relación a las empresas es su papel negociador. No olvidemos que muchos de los acuerdos que la empresa establece con proveedores, clientes o con la administración se efectúan fruto de un proceso de negociación previa. También muchos de los conflictos se resuelven mediante negociación antes de recurrir a la vía judicial. El abogado representa y asesora a su cliente en estas negociaciones, adjudicándole un plus de legitimidad legal.
Este papel negociador es clave en situaciones de crisis. Donde pueden aparecer demandas o reclamaciones colectivas, o conflictos que pueden tener una cierta repercusión pública, consiguiendo mediante la intervención del abogado minimizar los daños en cuanto a la reputación y reducir los costes económicos.
El abogado también puede actuar como representante de la empresa ante los organismos públicos. No solo para asistirlo en litigios y reclamaciones judiciales, sino para efectuar determinados trámites que permite a la empresa poner en marcha sus proyectos y desarrollar su actividad.
Un negocio pequeño, un autónomo, una Pyme, puede acceder a la asistencia de un abogado contratando una asesoría que tenga servicio jurídico. Otra manera es ponerse en contacto con un bufete de abogados de empresa. Aunque parezca un gasto extra, trabajar con un abogado supone, en muchos casos, un ahorro de costes a medio plazo y, por tanto, un aumento de beneficios.